¡A buenas horas, mangas verdes!
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ABÍAMOS que nuestros comentarios y reflexiones
que volcamos en esta columna son seguidos por unos lectores fieles, cuya
fidelidad hace que sintamos su presencia y nos motive para continuar
comentando, desde nuestro punto de vista, los diversos acontecimientos que
vivimos cada día. Lo que no sabíamos, ni tan siquiera podíamos imaginar, era
que el mismísimo Tribunal de Justicia de la Unión Europea lee En Galeradas y en concreto La columna
de un exlinotipista.
El pasado 21 de
febrero apuntábamos en este mismo espacio, bajo el título Supuestamente, que
quede claro, cómo debían de actuar los jueces con quienes se apropian de lo
ajeno o defraudan y pedíamos a los magistrados que impusieran a esta clase de
vividores restituir los dineros ganados de forma fraudulenta.
Pues bien, esto
mismo es lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordena, con su
sentencia sobre “el céntimo sanitario”, al Gobierno español al declarar que el
impuesto sobre los carburantes era ilegal y, por tanto, el Gobierno tendrá que
devolver 13.000 millones de euros recaudados céntimo a céntimo.
Sin embargo, con
esta sentencia se abre otro caso de fraude, cuya resolución es incierta. Sólo
unos pocos afectados podrán recuperar las cantidades que han pagado con este
impuesto ilegal sobre los carburantes si los habían denunciado con anterioridad
y si presentan las correspondientes facturas desglosadas, y, además, esta
recuperación tardará.
Al enterarse de
la sentencia, el Gobierno mira a las comunidades autónomas y dice que son las
propias comunidades quienes tienen que devolver los millones, ya que éstas han
sido las beneficiadas. Los gobiernos autonómicos contraatacan y manifiestan que
ellos no tienen que restituir cantidad alguna porque sus presupuestos ya
estaban ajustados a estas cantidades.
Como este cruce
de declaraciones no tiene fácil solución, porque, entre otras razones, las
comunidades autónomas se han gastado el dinero recaudado y, por tanto, no lo tienen;
la mayoría de los ciudadanos no guardamos las facturas de la gasolina, y parte
de esta cantidad recaudada ilegalmente está comprendida en un período de tiempo
que ya ha prescrito, nosotros desde esta columna indicamos al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, ahora que sabemos que leen nuestros comentarios,
que dicte otra sentencia contra el Gobierno español para que el dinero que
quede después de saldar la deuda con los ciudadanos que tengan denunciado este
asunto lo entreguen para ayudas sociales.
De lo contrario,
señores jueces de la Unión Europea, seguiremos siendo putas y poniendo la cama
y, además, el céntimo.
