
Por Julián Miranda Sanz
TRAS
dos días de rastrear en la finca de la Majaloba la zona donde la policía creía
que podía encontrarse el cuerpo de Marta del Castillo, todas las esperanzas de
hallar los restos de la joven han vuelto a desvanecerse por enésima vez. No
obstante, la policía ha decidido continuar la búsqueda durante un día más.
Hasta aquí la noticia que ayer nos ofrecieron los medios de comunicación.
Con esta nueva decepción que ha sufrido la
familia de Marta por seguir sin encontrar su cuerpo y, con ello, continuar con
el sufrimiento y la ansiedad que supone una búsqueda tan extendida en el tiempo,
junto a la frustración que debe de experimentar toda la familia de la joven cada
vez que los resultados de un rastreo son negativos, hacen que me formule varias
cuestiones.
Admiro la entereza que esta familia andaluza está
demostrando a lo largo del caso. Son cautos y respetuosos en sus
manifestaciones, acatan todas las decisiones de los jueces y la policía y sus
manifestaciones en la calle, al menos la sensación que nos dan desde la
distancia, transcurren por unos cauces sosegados. Hoy día no sé si será más
conveniente mostrar esta actitud cauta y responsable o, por el contrario, cargar
contra todo, desde jueces hasta secretarios de juzgado, desde el presidente del
Gobierno hasta el último policía, pasando por el propio ministro de Justicia.
Si en los primeros días o meses de este caso
de Marta del Castillo la familia, aprovechando la expectación y el interés
mediático que el suceso había levantado, hubiera exigido a las autoridades más
firmeza y más contundencia en las investigaciones que se llevaban a cabo, no
tengo duda de que la investigación hubiera tomado otro cariz. Me viene a la mente
el caso del Alakrana. Silvia Albés,
esposa de uno de los tripulantes del barco pesquero, cargó contra la ministra
de Defensa por entonces, Carmen Chacón, y contra el otrora presidente, Rodríguez
Zapatero, porque ni se habían puesto al habla con los familiares ni hacían
gestión alguna por rescatar a su marido y al resto de los pescadores que permanecían
secuestrados en Somalia. En una de sus protestas, Silvia Albés dijo: «¿Qué más
hace falta en este país para que se muevan?». Está interrogante, junto a otras
manifestaciones enérgicas, expuesta en todos los telediarios sirvió para que desde
Zapatero hasta el último ujier movieran su trasero de la silla y trajeran a los
pescadores a España.
Hoy, tres años después del asesinato de Marta
del Castillo, desde esta columna manifiesto lo mismo que Silvia Albés dijo en
aquella ocasión: «¿No basta el asesinato y la violación de una joven para que
las instituciones gubernamentales de este país se impliquen más y no dejen que
el paso del tiempo haga olvidar todo?» «¿Es permisible que unos jóvenes con su
silencio impidan a unos padres, a una familia, a los que han arrebatado la vida
de su hija, cuando menos poder acudir a
una sepultura para rezarla y llorarla?
Por otra parte, los jueces también desempeñan
su papel en todos estos casos. Para juzgar a los imputados en el asesinato de
Marta del Castillo se acordó que fuera un jurado popular quien llevara el caso,
pero una decisión del juez al cambiar la acusación de asesinato por la de violación
lo impidió, pasando a manos de un jurado profesional. En el reciente caso de los
niños Ruth
y José, el juez mantiene el jurado popular y es éste el que declara culpable a
José Bretón de la muerte de sus hijos. No encuentro diferencia alguna entre
ambos asesinatos; sólo las edades o el parentesco de las víctimas con sus
asesinos puedan diferenciarlos. Sinceramente creo que el caso Bretón ha sido
manejado pública y mediáticamente mejor.
¿O quizá detrás del caso Marta del Castillo
hay algunos intereses que no pueden salir a la luz pública? Cómo siempre será
el tiempo el juez que lo manifieste. Aunque no estoy muy convencido de ello, ya
que todavía no se sabe bien lo que ocurrió con las niñas de Alcàsser, y ya han pasado cerca de treinta
años.