Aquel 23 de febrero, los españoles vimos cómo reaccionaban el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y el vicepresidente, Gutiérrez Mellado, plantando cara a los golpistas en el Congreso de los Diputados y cómo el Rey aparecía en televisión para tranquilizarnos y dejar claro a
los iluminados salvadores quién daba las órdenes. Estas acciones de firmeza y seguridad en una democracia mostraron patentemente una rapidez de respuesta inmediata a unos hechos que pretendían la desestabilización de todo lo conseguido.
Pues bien, ayer 9-N, aprovechando la pasividad de un Gobierno español, se producía otro golpe de Estado en el Parlament de Cataluña cuando un grupo de independentistas desafió por enésima vez a todo el Estado español y por enésima vez este grupo se pasó todas las leyes por la plaza de Canaletas. Y a todo esto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el resto de líderes con Pedro Sánchez al frente discutiendo cómo frenar las acciones de estos golpistas, porque por muchos eufemismos que se quieran emplear lo que están haciendo Artur Mas y compañía es dar un golpe de Estado en toda regla, aunque en esta ocasión sin disparos y sin metralletas.
A estas alturas de los acontecimientos, el Gobierno ya tenía que haber tomado alguna decisión que hubiera paralizado esta «desconesión», como algunos gustan en llamar a este asalto a la democracia, desde el primer momento. Porque si hasta hoy todas las leyes, todas las decisiones de los jueces, todas las respuestas amparadas en la legalidad estos señores se las pasan por el arco del Triunfo, ¿los ciudadanos nos vamos a creer que ahora van a acatar la decisión del Constitucional por muy de nuestra parte que esté la ley como nos dice la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría? o acaso, señor Rajoy, ¿va usted a enviar a la Guardia Civil para que impida que este proceso independentista llegue al final?
Lo que de verdad sentimos los ciudadanos es una manifiesta inseguridad en sus decisiones y una patente debilidad en el resto de los líderes políticos que con sus propuestas de cambios (a las que no tardando mucho se enganchará Mariano Rajoy) solo pretenden cambiar la Constitución para que estos independentistas puedan hacer lo que les venga en gana y así de paso Pedro Sánchez y compañía asegurarse un trozo de tarta en el nuevo Estado y la república catalana y en las sucesivas que llegarán a continuación, como la gallega, la vasca, la valenciana, pues con las nuevas reformas constitucionales convertiremos todo el monte en orégano.
Sin embargo, mirándolo por el lado positivo que tanto nos recomiendan ahora, al menos yo podré viajar al extranjero sin salir de mi país, cosa que no está mal teniendo en cuenta que con los años uno va perdiendo las ganas de moverse. En todo este asunto hay una última cuestión que me preocupa como jubilado: ¿los viajes del Imserso cubrirán estos nuevos Estados como destinos de vacaciones? Señores del Gobierno ya pueden comenzar a estudiarlo.